El proyecto entrará en vigor de manera gradual tanto en el ámbito federal como en las 32 entidades federativas, sin exceder el 1 de abril de 2027.

Por unanimidad, con 481 votos, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para agilizar los procesos en esas materias, establecer el sistema de juicios orales y digitalizar los expedientes, entre otros aspectos.

El proyecto enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación entrará en vigor de manera gradual tanto en el ámbito federal como en las 32 entidades federativas, sin exceder el 1 de abril de 2027.

El nuevo ordenamiento de mil 191 artículos y veinte transitorios prevé procedimientos más ágiles en materia de divorcios, adopciones, custodia, pensiones alimentarias y herencias.

Establece, incluso, la figura de juicios sumarios orales, a fin de que los consejos de la judicatura y los poderes judiciales en los estados decidan cuáles procesos civiles y familiares se podrán dirimir en menos de 30 días.

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“La trascendencia del Código Nacional se identifica en la cantidad de asuntos que actualmente se judicializan en el país en las materias civil y familiar, los cuales rondan alrededor de 70 por ciento del total de juicios y procedimientos que son instaurados”, puntualiza el dictamen.

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Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fernando Macías, calificó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares como la legislación más importante en materia jurídica desde la reforma penal de 2008, pero de mucho mayor calado, pues del total de un millón 500 mil litigios en México, 64 por ciento corresponden a las materias civil y familiar.

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“Este código se puede convertir en un verdadero instrumento de pacificación social, para que los conflictos que se dan desde el núcleo se puedan atajar desde ahí y no puedan derivarse en hechos violentos posteriores”, sostuvo el legislador del PAN.

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En su turno, la vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, Aleida Alavez, sostuvo que el nuevo ordenamiento representa un auténtico parteaguas en materia de justicia cotidiana.